miércoles, 6 octubre, 2021

Cuba: Banco Central reconoce las Criptomonedas y emite regulaciones sobre el uso de activos virtuales

El Banco Central de Cuba dictó su Resolución 215 del 2021, el 20 de agosto de 2021, que fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 73. La nueva disposición hace referencia a varias cuestiones importantes:

Primero, mediante ella el Banco definió lo que la institución reconoce como activos virtuales y proveedor de servicios de activos virtuales.

Segundo, reconoció la posibilidad de que, por razones socioeconómicas, pueda otorgar en el futuro licencia a proveedores de servicios de activos virtuales para operar desde o en Cuba.

Tercero, exhortó a los sujetos económicos a no utilizar activos virtuales ni participar en transacciones de ese tipo cuando previamente no estén autorizadas por el propio Banco; y al mismo tiempo a evitar que sean utilizados como medio para realizarlas.

Y por último, como cuarto aspecto, dispuso que se debe promover entre las personas naturales la divulgación con fines preventivos de los riesgos intrínsecos del uso no autorizado de activos virtuales y de los servicios de estos, así como de las consecuencias legales derivadas de ello, en el orden civil, administrativo y penal, las que deben asumir cuando se deriven de operaciones de ese tipo realizadas con activos virtuales y proveedores de estos que funcionan al margen del Sistema Bancario y Financiero, aun cuando no están prohibidas las transacciones con activos virtuales entre dichas personas.

Estos pronunciamientos tuvieron amplia repercusión en la prensa, y notable impacto en la cada vez mayor comunidad de cubanos vinculados a las transacciones virtuales, que la han interpretado, casi unánimemente, como el reconocimiento legal oficial por parte del Gobierno cubano.

Aunque sin dudas la nueva norma jurídica, que fija la posición del Banco Central, que es la entidad reguladora nacional, significa un paso de avance en el reconocimiento de la existencia y uso de las criptomonedas en el escenario financiero cubano, reducirla a la idea de que implica su “legalización” no es correcto, y en cualquier caso debe ser asumida con cautela e interpretada racionalmente.

La Resolución sienta las bases para el futuro y eventual uso de los activos virtuales en transacciones comerciales dentro de Cuba, pero siempre y cuando sea utilizando el tipo de criptomoneda que el Banco autorice, y mediante los servicios prestados por los proveedores que reciban licencia para operar desde o en Cuba.

Por ello y en principio, toda transacción que se realice utilizando un activo no autorizado, y a través de un proveedor que no tenga licencia para operar desde o en Cuba, es por definición ilegal y punible, y puede, como la misma Resolución expresa, generar consecuencias en el ámbito civil, administrativo o, incluso, penal.

En otras palabras, la Resolución no autoriza el uso inmediato e ilimitado en Cuba de todo tipo de activos virtuales y las operaciones de cualquier proveedor, sino que ofrece la posibilidad, o crea, por decirlo de otro modo, el marco legal para que el Banco pueda autorizar que se empleen determinados activos y permitir que uno o varios operadores presten sus servicios desde o en Cuba.

Se trata, salvando las diferencias, de una situación similar a la hoy existente con las operaciones mercantiles y financieras en MLC. Aunque la única moneda de curso legal y fuerza liberatoria dentro del territorio nacional es el peso cubano, el Banco Central ha concedido autorización -licencias- a diversas entidades para emplear en sus operaciones comerciales MLC, incluido el comercio minorista.

Por el momento, no se conoce, y al parecer no se dispuesto todavía, cuales serán los activos virtuales que podrán utilizarse en las transacciones comerciales dentro de Cuba, ni se conoce tampoco si se ha concedido autorización a algún proveedor para prestar servicios de ese tipo, ni que entidades han sido o serán autorizadas a utilizarlos.

Siendo así, naturalmente las personas jurídicas, en esencia empresas estatales y órganos y organismos de la Administración Central del Estado, todavía no pueden realizar ni participar en operaciones o transacciones comerciales empleando activos virtuales, ni dentro de Cuba ni en operaciones de comercio exterior, ni entre sí ni en sus relaciones con personas naturales.

Este mismo principio opera en cuanto estas, en relación con las cuales, sin embargo, la confusión es mayor y las expectativas son otras, porque el análisis debe partir de una realidad que tiene que admitirse: hoy son muchas las personas en Cuba, sobre todo jóvenes y emprendedores, que se han involucrado en operaciones con criptomonedas, no tanto como medio de pago, sino como opción de inversión, en que las ganancias y utilidades provienen de la compra y venta de estos activos mediante proveedores internacionales de ese tipo de servicios, aprovechando que no tiene una base física sino que se realizan a través de Internet.

Para estas personas, lo relevante y esencial es saber si en el actual contexto socio económico de Cuba y a partir de la nueva resolución del Banco Central, su actividad es legal o no, y que consecuencias puede tener para ellos en el ámbito jurídico.

A priori, como en la norma se reconoce expresamente, y cito, que “no están prohibidas las transacciones con activos virtuales” entre personas naturales, la respuesta a la interrogante común es que efectivamente se trata de una actividad legal. Pero en realidad la cuestión no es tan simple como parece.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, aunque como regla no están prohibidas, sí las operaciones que realiza una persona natural, se ejecutan a través de un proveedor de servicios que no tiene licencia para operar en Cuba, debe entenderse que se verifican al margen del Sistema Financiero y carecen por tanto de legitimidad.

Y lo segundo, es que sí, más que invertir dinero propio en adquirir activos virtuales, y pretender obtener ganancias mediante su compra y venta on line, a titulo personal y como actividad de carácter civil, la actividad deriva a la esfera mercantil y se convierte en un “negocio”, en el que el lucro no proviene de la inversión en sí misma sino de la actividad de intermediación, desarrollada habitualmente, indiscutiblemente que puede llegar a ser considerada un delito, y como tal ser sancionado.

Amén de que cualquier otra actividad asociada a las transacciones, que pueda ser encuadrada en algunas de las tipicidades delictivas previstas en el Código Penal, podrá ser investigada, juzgada y sancionada, como la estafa o la apropiación indebida, porque en esos casos lo relevante no es medio empleado, sino la defraudación patrimonial que se produce.

Al margen de ello, creemos que los activos virtuales continuarán expandiéndose y progresivamente recibirán mayor respaldo legal, al tiempo que su protagonismo en las transacciones comerciales igualmente crecerá, y con él, su importancia económica, con las consiguientes implicaciones jurídicas, y también sociales y hasta políticas.

Mientras tanto, y como parte de ese proceso, recomendamos mantenerse informado sobre las nuevas disposiciones que se emitan, y esforzarse por actuar con transparencia y responsabilidad dentro del marco de lo que en cada momento sea legalmente posible.

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